Las dificultades del control a la trashumancia

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Lo que se juega en las elecciones locales de octubre no parece ser tanto la implementación territorial del posconflicto (que es muy prematura), ni la consolidación del uribismo como fuerza política (que juega más en las elecciones nacionales), o la continuidad de la izquierda en Bogotá (que es una perspectiva muy estrechamente cachaca del asunto). El tema central bien podría ser la credibilidad de las autoridades electorales. De manera sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral ha asumido en estos comicios una actitud proactiva que no le conocíamos, desencadenando varias polémicas. La de mayor trascendencia, cuya importancia no medimos todavía, es la anulación de la inscripción de más de un millón y medio de cédulas por trashumancia electoral, lo que representa cerca de 5% del censo. Significa que un elector de veinte vio su inscripción anulada para votar en estas elecciones.

En principio, la medida parte de una excelente intención. La trashumancia es un delito muy serio en la medida en que aparece como una práctica conexa de la compra de votos. Los que manejan estas redes inscriben las cédulas de sus clientes en un puesto determinado para demostrar a los políticos a los cuales venden los votos que tienen efectivamente los votos que dicen tener. Tradicionalmente, la trashumancia no ha sido muy combatida en parte por la indolencia de las autoridades electorales, en parte por discrepancias acerca de lo que había que entender por residencia electoral. En este contexto, la trashumancia floreció como una práctica banal a la sombra de la impunidad. Por esta razón, el nuevo activismo del CNE en la materia es bienvenido.

No obstante, dicha institución pasó abruptamente de una actitud laxa a una posición maximalista que ha suscitado desconcierto e inconformidad. El Consejo decidió revisar la totalidad de las inscripciones nuevas en todos los municipios del país en un periodo de tiempo muy breve antes de las elecciones. Lo hizo confrontando las inscripciones con las bases de datos del FOSYGA, de la ANSPE, y del SISBEN, lo que de por sí es bastante contestable dado que estas bases tienen tantos problemas como el censo electoral. Mencionemos un caso extremo para ilustrarlo: el del desplazamiento forzado. Muchos municipios que fueron tocados por este fenómeno ostentan hoy altas tasas de cedulas anuladas, simplemente porque la población que se desplazó y volvió a su lugar de origen quedó inscrita en alguna de esas bases en el lugar hacia donde tuvo que huir. Resulta por lo menos paradójico que el Estado que los incita hoy a volver a sus tierras les niegue la inscripción en sus municipios de origen.

Aún más criticable fue la decisión de anular las inscripciones de las cedulas que no se encontraban en ninguna de estas bases y estaban inscritas en un municipio distinto en las pasadas elecciones locales. Esta última modalidad de anulación “por censo” es la más contestable y fue particularmente usada en las grandes ciudades. Con este procedimiento, las inscripciones pasaban a ser vistas como trashumantes a menos de que se demuestre lo contrario, cuando tradicionalmente, había que demostrar que las cedulas eran trashumantes, lo que resultaba difícil y no se concretaba sino demasiado tarde.

Frente a la ola de protesta, el CNE decidió echarse para atrás en Bogotá, recordando tardíamente que la trashumancia solo es considerada como un delito cuando se realiza entre municipios distintos. En el caso de Bogotá, se habían anulado inscripciones por trashumancia de una localidad a otra. Sin embargo, aunque la medida logre aplacar la inconformidad de parte de los bogotanos cuyas inscripciones habían sido anuladas sin motivo válido, no toca el corazón del problema. Para empezar, la idea de que no existe trashumancia intra-municipal se apoya sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoció la trashumancia como delito entendiendo que viola el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los asuntos que los conciernen. Con esta idea, la trashumancia solo sería un delito en elecciones locales y cuando se presenta entre municipios distintos. Pero esta visión desconoce la lógica de la trashumancia que es una lógica de control del electorado que puede presentarse también en elecciones nacionales o a nivel intra-municipal. De hecho, desde esta perspectiva, el CNE se quedó en realidad corto para atajar el fenómeno, en particular en el ámbito urbano. Lo que es cuestionable es el método de revisión de las inscripciones, pero no tanto el hecho de aplicarlo al ámbito intra-municipal.

Más aun, la anulación de inscripciones en Bogotá apenas representaba 1% de su censo. Fuera de las grandes capitales, el problema toma otras dimensiones como lo muestra el mapa siguiente.

Porcentaje de cédulas anuladas por municipio

cedulas anuladas

En cerca de 100 municipios, las anulaciones representan más de 15% del censo (sobre la base del censo tal como quedó después de las anulaciones, ya que no tenemos los datos necesarios para reconstruir el censo tal como estaba antes del proceso). El récord es para San Francisco (Antioquia) con 41,3% del censo anulado. Los municipios de Bolívar, Chocó, Meta y Norte de Santander son los que más aparecen entre los de mayor tasa de anulación.

Municipio Departamento Cedulas anuladas Censo Porcentaje de anulación
San Francisco Antioquia 2740 6632 41,3
San Fernando Bolívar 2891 7842 36,9
San José de Uré Córdoba 2223 7114 31,2
Busbanza Boyaca 237 771 30,7
Carmen del Darien Chocó 1635 5331 30,7
Paime Cundinamarca 1357 4530 30,0
Betulia Santander 1180 3995 29,5
La Esperanza N. de Santander 2296 8067 28,5
Castilla la Nueva Meta 2734 9931 27,5
Sabanalarga Casanare 732 2675 27,4
Puerto Concordia Meta 1558 5835 26,7
Cabuyaro Meta 1196 4514 26,5
Norosí Bolívar 924 3640 25,4
La Macarena Meta 1964 7832 25,1
Montecristo Bolívar 1974 8251 23,9
Medio Atrato Chocó 1351 5677 23,8
Riosucio Chocó 3019 13330 22,6
Taraira Vaupés 302 1334 22,6
Santa Rosa Cauca 906 4046 22,4
Cota Cundinamarca 5052 23093 21,9
Teorama N. de Santander 2041 9346 21,8
Santa Rosalia Vichada 643 2948 21,8
El Dorado Meta 600 2756 21,8
Santa Helena de Opón Santander 646 3056 21,1
Puerto Colombia Atlántico 6551 31152 21,0
El Tarra N. de Santander 2073 10059 20,6
Ulloa Valle 934 4625 20,2
San Juan de Arama Meta 1198 5962 20,1

En estos municipios, una parte substancial del electorado inscrito no podrá votar este domingo, y es probable que una buena proporción del mismo no se dará cuenta de eso sino en el mismo momento de votar, por más que la Registraduría informe al respecto. En rigor, esto no significa que se les desconozca el derecho a votar, ya que se supone que la cédula quedará inscrita en el lugar donde estaba anteriormente, pero lo vuelve casi imposible de ejercer en la práctica.

Así, el tema de las anulaciones generará probablemente una fuerte ola de inconformidad en estos municipios, volviéndolos vulnerables al fenómeno de las asonadas que ya se presentaron con frecuencia en 2011.

Convendrá también observar con cuidado los efectos que tendrá la medida sobre la participación electoral. En principio, uno esperaría una baja de la misma en las zonas de mayores tasas de anulación.

Las perspectivas son por lo tanto contrastadas. En muchos lugares, el esfuerzo del CNE significará efectivamente recuperar en parte unas garantías básicas y una transparencia que se habían perdido desde hace mucho tiempo, y ponían en tela de juicio el resultado de las elecciones. En otros, generará más problemas que los que buscaba resolver.

 

Los analistas y las organizaciones de veeduría de las elecciones han criticado recurrentemente el CNE por su inacción frente a los delitos electorales, y mal harían en criticarlo hoy por ponerse en fin a enfrentarlos. El combate a la trashumancia es necesario, y lo peor que pueda pasar después de este domingo es que las voces críticas justifiquen una vuelta hacia la situación anterior de ausencia de control. De hecho, al lado de las críticas legítimas de los que vieron su cédula anulada abusivamente, se escucharon también las voces interesadas de políticos representando partidos notoriamente tolerantes con la compra de votos, y que por otra parte, siempre han considerado el CNE como un botín político, impidiendo su funcionamiento eficaz e independiente. Sin embargo, no queda duda que la tarea le quedó grande a la institución que la emprendió tardíamente y con una metodología inadecuada. Habrá que establecer reglas claras y verificables en la materia. Más allá, se tendrá que revisar seriamente lo que debemos entender por residencia electoral y los medios para acreditarla frente a las autoridades electorales.

EL PERFIL DE LOS SENADORES COLOMBIANOS

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En ocasión del lanzamiento de la sección de la mapoteca de este sitio dedicada al voto preferente en las elecciones al Senado del año 2014, hemos querido observar a modo de síntesis algunos patrones de repartición del voto para este tipo de elección[1].

Para esto, se han utilizado dos criterios para comparar los candidatos electos al Senado en 2014 por voto preferente (lo que excluye los candidatos de Centro Democrático que se presentaban en lista cerrada): la ubicación del apoyo electoral en sectores rurales, o en las zonas urbanas por una parte, y por otra parte, el carácter más o menos concentrado del voto en términos geográficos[2].

De esta manera podemos destacar en la gráfica que se presenta a continuación y cruza estas dos variables tres grandes perfiles con casos llamativos de candidatos de todos los partidos que lograron representación en el senado.

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Así, encontramos en primer lugar, el tradicional perfil del “cacique”, el senador con voto concentrado y preferentemente rural. La conservadora Myriam Paredes, que tiene el voto más concentrado de la muestra es un buen ejemplo, o el liberal Guillermo García Realpe, ambos con el voto concentrado en Nariño. Podemos citar también en esta categoría Maritza Martínez (del partido de la U) con una versión un poco más urbana, en el Meta. Es interesante notar que a nivel de partido, la U tiene la mayor proporción de sus senadores en esta categoría (además, de la ya citada Maritza Martínez, encontramos con este perfil congresistas como Manuel Guillermo Mora en Norte de Santander, Sandra Villadiego en Sucre, José Alferdo Gnecco en Cesar y La Guajira, o Martin Emilio Morales en Córdoba. Sin embargo, encontramos también aquí a Jorge Prieto, de Casanare, una clara excepción en la Alianza Verde que se define más por el perfil que presentamos a continuación.

Así al otro extremo, encontramos las “figuras nacionales” con un voto urbano disperso entre los principales centros urbanos del país. Claudia López, con el voto más urbano de la muestra, puede ser una de las más representativas aunque su voto se concentra mucho en Bogotá. Los votos de sus copartidarios de la Alianza Verde Jorge Ospina y Antonio Navarro se reparten de manera más equilibrada entre centros urbanos. Vale la pena destacar también en esta categoría las figuras más sobresalientes del Polo Democrático Alternativo como Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, y Alexander López. Finalmente, corresponden a este caso algunas figuras de los partidos tradicionales como Viviane Morales y Juan Manuel Galán para el Partido Liberal, Armando Benedetti, Roy Barreras y Jimmy Chamorro para la U, y Carlos Fernando Galán y Carlos Fernando Motoa para Cambio Radical.

Al lado de esos casos, podemos encontrar también un tercer perfil menos evidente: senadores con voto predominante rural pero dispersos, lo que los aleja del perfil del cacique. Encontramos ahí a los dos senadores electos por la circunscripción indígena: Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, también los liberales Lidio Alberto García y Mario Alberto Fernández, los de Opción Ciudadana Julio Guerra y Antonio José Correa, los de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella y el conservador Hernán Andrade. Llama la atención la fuerte presencia de senadores de la Costa Caribe en esta categoría (con la excepción de los indígenas, del santandereano Bernabé Celis, y del huilense Hernán Andrade). La existencia de esta categoría sugiere que en muchos casos, las redes políticas de la costa caribe no se limitan a un departamento y se extienden a toda la región.

Se confirma a manera de conclusión, que la política regional y local rinde un mayor fruto que intentar o arriesgarse a obtener votación en la totalidad del territorio nacional para el Senado, ya que este último escenario no es factor determinante para el éxito en las urnas salvo en pocos casos. Sin embargo, esto no significa que los senadores representen necesariamente un solo departamento. En la costa Caribe en particular, muchos senadores obtienen voto en varios departamentos de la región.

Más aun, no hay que olvidar la existencia de senadores con perfiles verdaderamente nacionales, y generalmente urbanos, predominante en los partidos de oposición (Alianza Verde y Polo Democrático), más aislados en la coalición gubernamental. Se trata en general de personalidades sobresaliente por su visibilidad mediática, por lo cual la predominancia del modelo del cacique regional no nos debería llevar a despreciar los efectos de la circunscripción nacional.

[1] Pueden consultar en la sección mapoteca de este sitio el mapa del voto preferente de cada senador electo en 2014, con los datos básicos que se retoman acá.

[2] Técnicamente, estas dos variables se miden por el porcentaje de voto obtenido en ciudades de más de 200.000 electores para la primera, y por el coeficiente de Moran de rango 1 para la segunda, se trata de un coeficiente que mide hasta qué punto el voto de un candidato se concentra en municipios geográficamente vecinos.

La abstención en Colombia: lo que se pretende prohibir

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En el marco de la reforma del “equilibrio de poderes”, el Congreso decidió incluir sorpresivamente el tema del voto obligatorio. Lamentablemente, esta inclusión no fue el fruto de un debate informado, ni de un diagnóstico serio sobre la participación electoral en Colombia.

Sin pretender remediar esta carencia en este corto escrito, buscaremos contribuir al debate presentando algunas reflexiones sobre las variaciones territoriales del fenómeno. En efecto, detrás de las tasas de abstención nacionales, existe una multitud de casos y de variaciones regionales que nos sugieren que la abstención es un fenómeno complejo, que no podemos abordar con una mirada simplista y uniformadora.

Para realizar este estudio, hemos utilizado una técnica estadística llamada Clasificación Ascendente Jerárquica, que sin entrar en detalles técnicos, nos permitió agrupar los municipios del país en 6 grandes categorías lo más homogéneas posibles desde el punto de vista de las variables que tomamos en cuenta. Dichas variables son las tasas de participación registradas a nivel municipal en Colombia en las últimas elecciones de los ciclos 2006/07 y 2010/11, es decir, en ambo casos, de las legislativas (tomamos la elección del Senado como referencia), la Presidencial (en primera vuelta) y las locales (tomando la elección de los Alcaldes como referencia). Esto nos dio 6 series de tasas de participación: Senado 2006, Presidente 2006, Alcaldes 2007, Senado 2010, Presidente 2010, y Alcaldes 2011. Hemos tomado dos ciclos completos para minimizar las variaciones coyunturales que se hubieran podido presentar durante un ciclo particular, y excluimos las pasadas elecciones de 2014 para tomar en cuenta únicamente ciclos completos.

El resultado del ejercicio nos permite entender mejor la abstención en el país. Se puede resumir sobre el mapa sintético que presentamos a continuación, con su gráfico de leyenda. El mapa muestra 6 categorías de municipios en las cuales el comportamiento electoral es siempre relativamente homogéneo en los 6 eventos electorales analizados. Para una mejor comprensión, hemos puesto nombres a cada categoría y hemos representado en el gráfico de leyenda los valores promedios que tomó la tasa de participación en cada una de las 6 elecciones analizadas entre los municipios de cada categoría. Esos valores se pueden comparar con las tasas nacionales que están representadas por el primer grupo de barras del gráfico en azul.

Antes de pasar a observar las diferencias entre las categorías, es importante anotar que en todas existe una variación importante de la participación en función del tipo de elecciones. Colombia tiene la particularidad de convocar sistemáticamente una mayor participación en sus elecciones locales que en sus elecciones nacionales. Las comparaciones internacionales nos indican que suele suceder lo contrario en la mayoría de los países. Esto nos sugiere que Colombia es un país muy localista, y que la participación electoral pasa en muchos casos por el establecimiento de vínculos personales de confianza. El hecho ha sido visto tradicionalmente como una debilidad, particularmente por una ciencia política que ha estado inclinada a estigmatizar una cultura política “parroquial”, efectivamente proclive al clientelismo y la compra de votos. Sin embargo, uno lo puede también ver como una riqueza que suaviza en algo la falta de integración en todo sentido y la poca credibilidad de las instituciones nacionales en buena parte del país. En cualquier caso, es importante recordar para el debate sobre el voto obligatorio que la abstención es sobre todo un problema en el ámbito nacional, y no tanto en el ámbito local.

Mapa-3.1

grafico de leyenda 3

Una de las primeras enseñanzas del ejercicio es que la abstención no es un fenómeno uniforme. Existe una primera categoría que agrupa unos 189 municipios (en verde oscuro) que registran tasas de participación bastante altas, siempre muy por encima de los resultados nacionales. La participación allí roza incluso el 80% para las elecciones locales, tasas que soportan la comparación con países donde el voto ya es obligatorio. No obstante, oscilan apenas entre 55% y 60% en las elecciones locales (legislativas y presidenciales), lo que puede ser mucho con respecto al resto del país, pero sigue siendo bastante modesto. Estos municipios se ubican principalmente en la Cordillera Oriental, y el Piedemonte Llanero, así como en el interior de la Costa Caribe. Se trata de municipios pequeños en los cuales la densidad demográfica limitada contribuye a fortalecer estas relaciones de sociabilidad de cercanía que evocábamos.

En las tres siguientes categorías, la participación sigue siendo aceptable en las elecciones locales rozando el 70%. No obstante, se caracterizan con un comportamiento muy distinto en las elecciones nacionales.

La segunda categoría (verde claro) registra también buena participación, comparativa a la presidencial (por lo menos con respecto a los municipios de alta participación de la primera categoría), sin embargo, la participación legislativa cae 10 puntos para ubicarse por debajo de 50% en estos 261 municipios. Ellos se concentran geográficamente en el centro del país, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Casanare, y Meta. Se trata como podemos ver de la parte más integrada del país en el sentido de que con pocas excepciones, estos municipios se encuentran relativamente cercanos a la capital y a sus dinámicas. Esto los hace proclive a la participación tanto en la elección presidencial como en las locales. En cambio, el Congreso ya empieza a sufrir un serio problema de credibilidad en esta zona.

La tercera categoría (amarillo) es muy importante no sólo por el número de municipios que la componen, sino también porque se ubican entre ellos muchas grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Por lo tanto, si concierne 273 municipios, puede abracar una buena mitad del electorado. Esto es la razón por la cual esta categoría es la más cercana a las cifras nacionales y que la denominamos “participación promedia”. La participación en las locales sigue por encima de las tasas nacionales pero las mayores ciudades se ubican entre las tasas más bajas de la categoría.

La categoría de participación localista (rosada) reúne a 136 municipios que presentan una tendencia interesante: en ellos las tasas de participación suelen ser muy altas en las legislativas y locales, alcanzando casi el nivel de la categoría de mayor participación. En cambio, la participación presidencial cae muy por debajo de las categorías anteriores. Así, estos municipios, principalmente ciudades medianas o pequeñas de la Costa Caribe tienen un perfil de participación en ruptura con el resto del país. El desinterés por la presidencial nos habla de una desconexión con respecto al debate nacional, mientras la participación local y legislativa dan cuenta de una cultura política regionalista, localista, y probablemente más marcadamente clientelista que en el resto del país.

Finalmente, quedan dos categorías de abstencionismo alto y extremo, con 161 y 75 municipios respectivamente. En ellas, la participación supera todavía el 50% en las elecciones locales, pero cae en niveles muy bajos para legislativas y presidenciales, del orden de 35% para el abstencionismo alto, y de menos de 30% para el abstencionismo extremo. Una mirada al mapa nos sugiere que estos municipios coinciden con las zonas que han sido históricamente más afectadas por la violencia (aunque uno registra también con preocupación la presencia de Barranquilla y Cartagena en la categoría de abstencionismo alto), y que ahí los actores violentos, la guerrilla en particular, tienen una responsabilidad importante en estas bajas tasas de participación. La diferencia relativa entre participación local y nacional es acá aún más marcada que en el resto del país. Lo único esperanzador en estas zonas es que la participación ha venido subiendo en el tiempo para todos los tipos de elecciones de manera más marcada que en el resto del país, lo que es un indicio adicional del papel de la violencia en ellas.

Este panorama nos invita a la reflexión. ¿Es factible que el Estado imponga el voto obligatorio en los municipios de mayor abstencionismo cuando todo indica que este comportamiento se vincula a la incapacidad histórica del Estado a ofrecer las condiciones de seguridad que permitieran la participación?

¿No valdría la pena preguntarnos sobre las causas del desinterés de buena parte de los pueblos de la Costa Caribe por la elección presidencial? ¿Será que este desinterés aplica en ambos sentidos?

¿Por qué en el país más integrado y urbano que representa la categoría de “participación promedia” la elección del Congreso apenas convoca los dos tercios de los que votan en las elecciones locales? ¿Será que los ciudadanos son perezosos y pasivos en unas elecciones y en otras no?

Estas preguntas no tienen respuestas evidentes, pero el voto obligatorio es la manera más expedita de no contestarla, y de paso, de privarnos de una interesantísima herramienta de observación de la realidad nacional.

¿A quién le debe Santos su victoria?

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Finalmente, Santos logró revertir la tendencia de la primera vuelta para terminar con un buen margen de casi un millón de votos adelante de Oscar Iván Zuluaga. No obstante, esta victoria fue obtenida después de un buen susto en la primera vuelta, y con el refuerzo de muchas fuerzas y personalidades políticas diversas en segunda vuelta que se sumaron a la campaña del presidente-candidato, sea por apoyar la paz, sea por temor a una vuelta del uribismo al poder. Esto plantea la pregunta de quién aportó qué para la reelección del presidente Santos.

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Claves de la primera vuelta – Tercera parte: Los eliminados

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Para terminar este análisis de la primera vuelta, nos falta interesarnos por los tres candidatos eliminados. El desempeño de Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa merece nuestra atención, en primer lugar porque obtuvieron un resultado superior a las expectativas (por lo menos para las dos primeras) y en segundo lugar, por los endoses de sus caudales electorales de cara a la segunda vuelta.

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