¿Los Senadores votaron las circunscripciones de paz en función de sus intereses electorales?

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El voto del texto de conciliación sobre las circunscripciones de paz que tuvo lugar en el Senado el 30 de noviembre de 2017, último día del fast track, ha suscitado numerosas polémicas debidas a un voto ajustado e incertidumbres sobre el número de votos requerido para lograr la mayoría. Pero más allá, el debate se polarizó de forma marcada y dio lugar a acusaciones salidas de tono entre senadores.

En esa perspectiva, se escucharon algunos partidarios de las circunscripciones acusar a sus adversarios que se opusieron o abstuvieron de adoptar esta posición porque la nueva norma amenazaría sus intereses electorales. Aunque no queda muy claro en qué consistirían estas amenazas, ya que el voto en circunscripciones de paz sería un voto adicional al voto que los ciudadanos que viven en ellas pueden expresar en circunscripciones ordinarias, vale la pena analizar si los senadores que tienen muchos votos en las posibles futuras circunscripciones se comportaron de manera marcadamente distinta a sus colegas de cara al tema.

Para eso, hemos calculado el porcentaje de votos que cada congresista obtuvo en municipios pertenecientes a las proyectadas circunscripciones de paz sobre el total de su voto. Este dato nos servirá de aproximación al “interés electoral” que cada senador pueda tener en las circunscripciones. Es importante anotar que este indicador debe tomarse con prudencia, ya que no toma en cuenta el hecho de que las circunscripciones de paz, tales como estabán previstas en el texto, no incluyen los centros urbanos más poblados.

En el cuadro siguiente, presentamos la posición de los senadores en función del porcentaje de votos que obtuvieron en los municipios correspondientes a las (posibles) futuras circunscripciones de paz, y sus posiciones de cara a la propuesta. Nótese que no pudimos incluir a los senadores de Centro Democrático, que se abstuvieron todos, pero cuyo porcentaje de voto en las circunscripciones no se puede conocer porque se presentaron en lista cerrada. Basta precisar que la lista CD como un todo captó apenas 7% de su voto en los territorios correspondientes a las circunscripciones, lo que es un promedio débil con respecto a los senadores de otros partidos.

El cuadro que presentamos no sugiere un patrón particular. Las posiciones de CD, CR, AV y el PDA fueron disciplinadas y por tanto, no dependieron de los intereses de los congresistas, aunque vale la pena anotar que con excpeción de Jesús Castilla, del PDA, los senadores de AV y PDA obtuvieron en general pocos votos en las futuras circunscripción.

En cambio, el PSUN , PC, PL y OC se dividieron sin que se pueda encontrar un patrón claro. En el partido de la U, a lo mejor, podemos observar que las disidencias en contra de las circunscripciones tendieron a aumentar con el interés electoral del senador en las circunscripciones (con José Alfredo Gnecco y Sandra Villadiego, quienes no votaron), mientras todos los senadores de la U con pocos intereses electorales en las circunscripciones votaron a favor. Pero en el caso liberal, la cosa no es tan clara. La abstención de Luis Fernando Velasco, quién tiene muchos votos en territorios de las futuras circunscripción, es compensada por el No de Viviane Morales y la abstención de Álvaro Ashton cuyos votos no son muy afectados por las circunscripciones. En el caso del Partido Conservador, el que más se dividió, tampoco hubo una tendencia clara. Los azules con mayor intereses en las circunscripciones adoptaron comportamiento distinto, con Samy Merheg votando en contra, y Myriam Paredes y Yamina Pestana a favor.

De este modo, las disidencias y divisiones no parecen corresponder a un interés electoral particular de los senadores. De hecho, si la aparición de dinámicas políticas nuevas en las circunscripciones podrían ser interpretadas por ellos como un peligro para sus fortines, también podrían ser percibidas, a contrario, como una oportunidad para tratar de influir sobre el resultado del voto en las circunscripciones, con candidatos afines.

Las dificultades del control a la trashumancia

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Lo que se juega en las elecciones locales de octubre no parece ser tanto la implementación territorial del posconflicto (que es muy prematura), ni la consolidación del uribismo como fuerza política (que juega más en las elecciones nacionales), o la continuidad de la izquierda en Bogotá (que es una perspectiva muy estrechamente cachaca del asunto). El tema central bien podría ser la credibilidad de las autoridades electorales. De manera sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral ha asumido en estos comicios una actitud proactiva que no le conocíamos, desencadenando varias polémicas. La de mayor trascendencia, cuya importancia no medimos todavía, es la anulación de la inscripción de más de un millón y medio de cédulas por trashumancia electoral, lo que representa cerca de 5% del censo. Significa que un elector de veinte vio su inscripción anulada para votar en estas elecciones.

En principio, la medida parte de una excelente intención. La trashumancia es un delito muy serio en la medida en que aparece como una práctica conexa de la compra de votos. Los que manejan estas redes inscriben las cédulas de sus clientes en un puesto determinado para demostrar a los políticos a los cuales venden los votos que tienen efectivamente los votos que dicen tener. Tradicionalmente, la trashumancia no ha sido muy combatida en parte por la indolencia de las autoridades electorales, en parte por discrepancias acerca de lo que había que entender por residencia electoral. En este contexto, la trashumancia floreció como una práctica banal a la sombra de la impunidad. Por esta razón, el nuevo activismo del CNE en la materia es bienvenido.

No obstante, dicha institución pasó abruptamente de una actitud laxa a una posición maximalista que ha suscitado desconcierto e inconformidad. El Consejo decidió revisar la totalidad de las inscripciones nuevas en todos los municipios del país en un periodo de tiempo muy breve antes de las elecciones. Lo hizo confrontando las inscripciones con las bases de datos del FOSYGA, de la ANSPE, y del SISBEN, lo que de por sí es bastante contestable dado que estas bases tienen tantos problemas como el censo electoral. Mencionemos un caso extremo para ilustrarlo: el del desplazamiento forzado. Muchos municipios que fueron tocados por este fenómeno ostentan hoy altas tasas de cedulas anuladas, simplemente porque la población que se desplazó y volvió a su lugar de origen quedó inscrita en alguna de esas bases en el lugar hacia donde tuvo que huir. Resulta por lo menos paradójico que el Estado que los incita hoy a volver a sus tierras les niegue la inscripción en sus municipios de origen.

Aún más criticable fue la decisión de anular las inscripciones de las cedulas que no se encontraban en ninguna de estas bases y estaban inscritas en un municipio distinto en las pasadas elecciones locales. Esta última modalidad de anulación “por censo” es la más contestable y fue particularmente usada en las grandes ciudades. Con este procedimiento, las inscripciones pasaban a ser vistas como trashumantes a menos de que se demuestre lo contrario, cuando tradicionalmente, había que demostrar que las cedulas eran trashumantes, lo que resultaba difícil y no se concretaba sino demasiado tarde.

Frente a la ola de protesta, el CNE decidió echarse para atrás en Bogotá, recordando tardíamente que la trashumancia solo es considerada como un delito cuando se realiza entre municipios distintos. En el caso de Bogotá, se habían anulado inscripciones por trashumancia de una localidad a otra. Sin embargo, aunque la medida logre aplacar la inconformidad de parte de los bogotanos cuyas inscripciones habían sido anuladas sin motivo válido, no toca el corazón del problema. Para empezar, la idea de que no existe trashumancia intra-municipal se apoya sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoció la trashumancia como delito entendiendo que viola el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los asuntos que los conciernen. Con esta idea, la trashumancia solo sería un delito en elecciones locales y cuando se presenta entre municipios distintos. Pero esta visión desconoce la lógica de la trashumancia que es una lógica de control del electorado que puede presentarse también en elecciones nacionales o a nivel intra-municipal. De hecho, desde esta perspectiva, el CNE se quedó en realidad corto para atajar el fenómeno, en particular en el ámbito urbano. Lo que es cuestionable es el método de revisión de las inscripciones, pero no tanto el hecho de aplicarlo al ámbito intra-municipal.

Más aun, la anulación de inscripciones en Bogotá apenas representaba 1% de su censo. Fuera de las grandes capitales, el problema toma otras dimensiones como lo muestra el mapa siguiente.

Porcentaje de cédulas anuladas por municipio

cedulas anuladas

En cerca de 100 municipios, las anulaciones representan más de 15% del censo (sobre la base del censo tal como quedó después de las anulaciones, ya que no tenemos los datos necesarios para reconstruir el censo tal como estaba antes del proceso). El récord es para San Francisco (Antioquia) con 41,3% del censo anulado. Los municipios de Bolívar, Chocó, Meta y Norte de Santander son los que más aparecen entre los de mayor tasa de anulación.

Municipio Departamento Cedulas anuladas Censo Porcentaje de anulación
San Francisco Antioquia 2740 6632 41,3
San Fernando Bolívar 2891 7842 36,9
San José de Uré Córdoba 2223 7114 31,2
Busbanza Boyaca 237 771 30,7
Carmen del Darien Chocó 1635 5331 30,7
Paime Cundinamarca 1357 4530 30,0
Betulia Santander 1180 3995 29,5
La Esperanza N. de Santander 2296 8067 28,5
Castilla la Nueva Meta 2734 9931 27,5
Sabanalarga Casanare 732 2675 27,4
Puerto Concordia Meta 1558 5835 26,7
Cabuyaro Meta 1196 4514 26,5
Norosí Bolívar 924 3640 25,4
La Macarena Meta 1964 7832 25,1
Montecristo Bolívar 1974 8251 23,9
Medio Atrato Chocó 1351 5677 23,8
Riosucio Chocó 3019 13330 22,6
Taraira Vaupés 302 1334 22,6
Santa Rosa Cauca 906 4046 22,4
Cota Cundinamarca 5052 23093 21,9
Teorama N. de Santander 2041 9346 21,8
Santa Rosalia Vichada 643 2948 21,8
El Dorado Meta 600 2756 21,8
Santa Helena de Opón Santander 646 3056 21,1
Puerto Colombia Atlántico 6551 31152 21,0
El Tarra N. de Santander 2073 10059 20,6
Ulloa Valle 934 4625 20,2
San Juan de Arama Meta 1198 5962 20,1

En estos municipios, una parte substancial del electorado inscrito no podrá votar este domingo, y es probable que una buena proporción del mismo no se dará cuenta de eso sino en el mismo momento de votar, por más que la Registraduría informe al respecto. En rigor, esto no significa que se les desconozca el derecho a votar, ya que se supone que la cédula quedará inscrita en el lugar donde estaba anteriormente, pero lo vuelve casi imposible de ejercer en la práctica.

Así, el tema de las anulaciones generará probablemente una fuerte ola de inconformidad en estos municipios, volviéndolos vulnerables al fenómeno de las asonadas que ya se presentaron con frecuencia en 2011.

Convendrá también observar con cuidado los efectos que tendrá la medida sobre la participación electoral. En principio, uno esperaría una baja de la misma en las zonas de mayores tasas de anulación.

Las perspectivas son por lo tanto contrastadas. En muchos lugares, el esfuerzo del CNE significará efectivamente recuperar en parte unas garantías básicas y una transparencia que se habían perdido desde hace mucho tiempo, y ponían en tela de juicio el resultado de las elecciones. En otros, generará más problemas que los que buscaba resolver.

 

Los analistas y las organizaciones de veeduría de las elecciones han criticado recurrentemente el CNE por su inacción frente a los delitos electorales, y mal harían en criticarlo hoy por ponerse en fin a enfrentarlos. El combate a la trashumancia es necesario, y lo peor que pueda pasar después de este domingo es que las voces críticas justifiquen una vuelta hacia la situación anterior de ausencia de control. De hecho, al lado de las críticas legítimas de los que vieron su cédula anulada abusivamente, se escucharon también las voces interesadas de políticos representando partidos notoriamente tolerantes con la compra de votos, y que por otra parte, siempre han considerado el CNE como un botín político, impidiendo su funcionamiento eficaz e independiente. Sin embargo, no queda duda que la tarea le quedó grande a la institución que la emprendió tardíamente y con una metodología inadecuada. Habrá que establecer reglas claras y verificables en la materia. Más allá, se tendrá que revisar seriamente lo que debemos entender por residencia electoral y los medios para acreditarla frente a las autoridades electorales.

EL PERFIL DE LOS SENADORES COLOMBIANOS

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En ocasión del lanzamiento de la sección de la mapoteca de este sitio dedicada al voto preferente en las elecciones al Senado del año 2014, hemos querido observar a modo de síntesis algunos patrones de repartición del voto para este tipo de elección[1].

Para esto, se han utilizado dos criterios para comparar los candidatos electos al Senado en 2014 por voto preferente (lo que excluye los candidatos de Centro Democrático que se presentaban en lista cerrada): la ubicación del apoyo electoral en sectores rurales, o en las zonas urbanas por una parte, y por otra parte, el carácter más o menos concentrado del voto en términos geográficos[2].

De esta manera podemos destacar en la gráfica que se presenta a continuación y cruza estas dos variables tres grandes perfiles con casos llamativos de candidatos de todos los partidos que lograron representación en el senado.

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Así, encontramos en primer lugar, el tradicional perfil del “cacique”, el senador con voto concentrado y preferentemente rural. La conservadora Myriam Paredes, que tiene el voto más concentrado de la muestra es un buen ejemplo, o el liberal Guillermo García Realpe, ambos con el voto concentrado en Nariño. Podemos citar también en esta categoría Maritza Martínez (del partido de la U) con una versión un poco más urbana, en el Meta. Es interesante notar que a nivel de partido, la U tiene la mayor proporción de sus senadores en esta categoría (además, de la ya citada Maritza Martínez, encontramos con este perfil congresistas como Manuel Guillermo Mora en Norte de Santander, Sandra Villadiego en Sucre, José Alferdo Gnecco en Cesar y La Guajira, o Martin Emilio Morales en Córdoba. Sin embargo, encontramos también aquí a Jorge Prieto, de Casanare, una clara excepción en la Alianza Verde que se define más por el perfil que presentamos a continuación.

Así al otro extremo, encontramos las “figuras nacionales” con un voto urbano disperso entre los principales centros urbanos del país. Claudia López, con el voto más urbano de la muestra, puede ser una de las más representativas aunque su voto se concentra mucho en Bogotá. Los votos de sus copartidarios de la Alianza Verde Jorge Ospina y Antonio Navarro se reparten de manera más equilibrada entre centros urbanos. Vale la pena destacar también en esta categoría las figuras más sobresalientes del Polo Democrático Alternativo como Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, y Alexander López. Finalmente, corresponden a este caso algunas figuras de los partidos tradicionales como Viviane Morales y Juan Manuel Galán para el Partido Liberal, Armando Benedetti, Roy Barreras y Jimmy Chamorro para la U, y Carlos Fernando Galán y Carlos Fernando Motoa para Cambio Radical.

Al lado de esos casos, podemos encontrar también un tercer perfil menos evidente: senadores con voto predominante rural pero dispersos, lo que los aleja del perfil del cacique. Encontramos ahí a los dos senadores electos por la circunscripción indígena: Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, también los liberales Lidio Alberto García y Mario Alberto Fernández, los de Opción Ciudadana Julio Guerra y Antonio José Correa, los de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella y el conservador Hernán Andrade. Llama la atención la fuerte presencia de senadores de la Costa Caribe en esta categoría (con la excepción de los indígenas, del santandereano Bernabé Celis, y del huilense Hernán Andrade). La existencia de esta categoría sugiere que en muchos casos, las redes políticas de la costa caribe no se limitan a un departamento y se extienden a toda la región.

Se confirma a manera de conclusión, que la política regional y local rinde un mayor fruto que intentar o arriesgarse a obtener votación en la totalidad del territorio nacional para el Senado, ya que este último escenario no es factor determinante para el éxito en las urnas salvo en pocos casos. Sin embargo, esto no significa que los senadores representen necesariamente un solo departamento. En la costa Caribe en particular, muchos senadores obtienen voto en varios departamentos de la región.

Más aun, no hay que olvidar la existencia de senadores con perfiles verdaderamente nacionales, y generalmente urbanos, predominante en los partidos de oposición (Alianza Verde y Polo Democrático), más aislados en la coalición gubernamental. Se trata en general de personalidades sobresaliente por su visibilidad mediática, por lo cual la predominancia del modelo del cacique regional no nos debería llevar a despreciar los efectos de la circunscripción nacional.

[1] Pueden consultar en la sección mapoteca de este sitio el mapa del voto preferente de cada senador electo en 2014, con los datos básicos que se retoman acá.

[2] Técnicamente, estas dos variables se miden por el porcentaje de voto obtenido en ciudades de más de 200.000 electores para la primera, y por el coeficiente de Moran de rango 1 para la segunda, se trata de un coeficiente que mide hasta qué punto el voto de un candidato se concentra en municipios geográficamente vecinos.