Las dificultades del control a la trashumancia

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Lo que se juega en las elecciones locales de octubre no parece ser tanto la implementación territorial del posconflicto (que es muy prematura), ni la consolidación del uribismo como fuerza política (que juega más en las elecciones nacionales), o la continuidad de la izquierda en Bogotá (que es una perspectiva muy estrechamente cachaca del asunto). El tema central bien podría ser la credibilidad de las autoridades electorales. De manera sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral ha asumido en estos comicios una actitud proactiva que no le conocíamos, desencadenando varias polémicas. La de mayor trascendencia, cuya importancia no medimos todavía, es la anulación de la inscripción de más de un millón y medio de cédulas por trashumancia electoral, lo que representa cerca de 5% del censo. Significa que un elector de veinte vio su inscripción anulada para votar en estas elecciones.

En principio, la medida parte de una excelente intención. La trashumancia es un delito muy serio en la medida en que aparece como una práctica conexa de la compra de votos. Los que manejan estas redes inscriben las cédulas de sus clientes en un puesto determinado para demostrar a los políticos a los cuales venden los votos que tienen efectivamente los votos que dicen tener. Tradicionalmente, la trashumancia no ha sido muy combatida en parte por la indolencia de las autoridades electorales, en parte por discrepancias acerca de lo que había que entender por residencia electoral. En este contexto, la trashumancia floreció como una práctica banal a la sombra de la impunidad. Por esta razón, el nuevo activismo del CNE en la materia es bienvenido.

No obstante, dicha institución pasó abruptamente de una actitud laxa a una posición maximalista que ha suscitado desconcierto e inconformidad. El Consejo decidió revisar la totalidad de las inscripciones nuevas en todos los municipios del país en un periodo de tiempo muy breve antes de las elecciones. Lo hizo confrontando las inscripciones con las bases de datos del FOSYGA, de la ANSPE, y del SISBEN, lo que de por sí es bastante contestable dado que estas bases tienen tantos problemas como el censo electoral. Mencionemos un caso extremo para ilustrarlo: el del desplazamiento forzado. Muchos municipios que fueron tocados por este fenómeno ostentan hoy altas tasas de cedulas anuladas, simplemente porque la población que se desplazó y volvió a su lugar de origen quedó inscrita en alguna de esas bases en el lugar hacia donde tuvo que huir. Resulta por lo menos paradójico que el Estado que los incita hoy a volver a sus tierras les niegue la inscripción en sus municipios de origen.

Aún más criticable fue la decisión de anular las inscripciones de las cedulas que no se encontraban en ninguna de estas bases y estaban inscritas en un municipio distinto en las pasadas elecciones locales. Esta última modalidad de anulación “por censo” es la más contestable y fue particularmente usada en las grandes ciudades. Con este procedimiento, las inscripciones pasaban a ser vistas como trashumantes a menos de que se demuestre lo contrario, cuando tradicionalmente, había que demostrar que las cedulas eran trashumantes, lo que resultaba difícil y no se concretaba sino demasiado tarde.

Frente a la ola de protesta, el CNE decidió echarse para atrás en Bogotá, recordando tardíamente que la trashumancia solo es considerada como un delito cuando se realiza entre municipios distintos. En el caso de Bogotá, se habían anulado inscripciones por trashumancia de una localidad a otra. Sin embargo, aunque la medida logre aplacar la inconformidad de parte de los bogotanos cuyas inscripciones habían sido anuladas sin motivo válido, no toca el corazón del problema. Para empezar, la idea de que no existe trashumancia intra-municipal se apoya sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoció la trashumancia como delito entendiendo que viola el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los asuntos que los conciernen. Con esta idea, la trashumancia solo sería un delito en elecciones locales y cuando se presenta entre municipios distintos. Pero esta visión desconoce la lógica de la trashumancia que es una lógica de control del electorado que puede presentarse también en elecciones nacionales o a nivel intra-municipal. De hecho, desde esta perspectiva, el CNE se quedó en realidad corto para atajar el fenómeno, en particular en el ámbito urbano. Lo que es cuestionable es el método de revisión de las inscripciones, pero no tanto el hecho de aplicarlo al ámbito intra-municipal.

Más aun, la anulación de inscripciones en Bogotá apenas representaba 1% de su censo. Fuera de las grandes capitales, el problema toma otras dimensiones como lo muestra el mapa siguiente.

Porcentaje de cédulas anuladas por municipio

cedulas anuladas

En cerca de 100 municipios, las anulaciones representan más de 15% del censo (sobre la base del censo tal como quedó después de las anulaciones, ya que no tenemos los datos necesarios para reconstruir el censo tal como estaba antes del proceso). El récord es para San Francisco (Antioquia) con 41,3% del censo anulado. Los municipios de Bolívar, Chocó, Meta y Norte de Santander son los que más aparecen entre los de mayor tasa de anulación.

Municipio Departamento Cedulas anuladas Censo Porcentaje de anulación
San Francisco Antioquia 2740 6632 41,3
San Fernando Bolívar 2891 7842 36,9
San José de Uré Córdoba 2223 7114 31,2
Busbanza Boyaca 237 771 30,7
Carmen del Darien Chocó 1635 5331 30,7
Paime Cundinamarca 1357 4530 30,0
Betulia Santander 1180 3995 29,5
La Esperanza N. de Santander 2296 8067 28,5
Castilla la Nueva Meta 2734 9931 27,5
Sabanalarga Casanare 732 2675 27,4
Puerto Concordia Meta 1558 5835 26,7
Cabuyaro Meta 1196 4514 26,5
Norosí Bolívar 924 3640 25,4
La Macarena Meta 1964 7832 25,1
Montecristo Bolívar 1974 8251 23,9
Medio Atrato Chocó 1351 5677 23,8
Riosucio Chocó 3019 13330 22,6
Taraira Vaupés 302 1334 22,6
Santa Rosa Cauca 906 4046 22,4
Cota Cundinamarca 5052 23093 21,9
Teorama N. de Santander 2041 9346 21,8
Santa Rosalia Vichada 643 2948 21,8
El Dorado Meta 600 2756 21,8
Santa Helena de Opón Santander 646 3056 21,1
Puerto Colombia Atlántico 6551 31152 21,0
El Tarra N. de Santander 2073 10059 20,6
Ulloa Valle 934 4625 20,2
San Juan de Arama Meta 1198 5962 20,1

En estos municipios, una parte substancial del electorado inscrito no podrá votar este domingo, y es probable que una buena proporción del mismo no se dará cuenta de eso sino en el mismo momento de votar, por más que la Registraduría informe al respecto. En rigor, esto no significa que se les desconozca el derecho a votar, ya que se supone que la cédula quedará inscrita en el lugar donde estaba anteriormente, pero lo vuelve casi imposible de ejercer en la práctica.

Así, el tema de las anulaciones generará probablemente una fuerte ola de inconformidad en estos municipios, volviéndolos vulnerables al fenómeno de las asonadas que ya se presentaron con frecuencia en 2011.

Convendrá también observar con cuidado los efectos que tendrá la medida sobre la participación electoral. En principio, uno esperaría una baja de la misma en las zonas de mayores tasas de anulación.

Las perspectivas son por lo tanto contrastadas. En muchos lugares, el esfuerzo del CNE significará efectivamente recuperar en parte unas garantías básicas y una transparencia que se habían perdido desde hace mucho tiempo, y ponían en tela de juicio el resultado de las elecciones. En otros, generará más problemas que los que buscaba resolver.

 

Los analistas y las organizaciones de veeduría de las elecciones han criticado recurrentemente el CNE por su inacción frente a los delitos electorales, y mal harían en criticarlo hoy por ponerse en fin a enfrentarlos. El combate a la trashumancia es necesario, y lo peor que pueda pasar después de este domingo es que las voces críticas justifiquen una vuelta hacia la situación anterior de ausencia de control. De hecho, al lado de las críticas legítimas de los que vieron su cédula anulada abusivamente, se escucharon también las voces interesadas de políticos representando partidos notoriamente tolerantes con la compra de votos, y que por otra parte, siempre han considerado el CNE como un botín político, impidiendo su funcionamiento eficaz e independiente. Sin embargo, no queda duda que la tarea le quedó grande a la institución que la emprendió tardíamente y con una metodología inadecuada. Habrá que establecer reglas claras y verificables en la materia. Más allá, se tendrá que revisar seriamente lo que debemos entender por residencia electoral y los medios para acreditarla frente a las autoridades electorales.

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